“Ley anti-monarquía”, una iniciativa destinada al fracaso

La iniciativa presentada por Henry Christophe Gómez, diputado por MORENA al Congreso del Estado, exhibe las ganas de cerrar el paso a los cacicazgos en los municipios de la entidad veracruzana, pero también la falta de análisis jurídico que debe prevalecer en el proceso legislativo.
Llamada “Ley anti-monarquía”, es una iniciativa destinada al fracaso, por ser inconstitucional, más allá de que su finalidad pueda encontrar empatía social.


En esencia, la iniciativa –apresurada- contempla imponer como requisito negativo a quien pretenda ser candidato a Gobernador del estado o Presidente Municipal: “no tener parentesco por consanguinidad o afinidad con el gobernador saliente”.
Vale la pena recordar que Las reformas de diez de junio de dos mil once al artículo 1° constitucional son solamente una parte de un largo proceso de democratización que ha experimentado nuestro orden jurídico en los años recientes. Dichas reformas constitucionales, por ejemplo, fueron acompañadas por cambios en los artículos 3 , 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 apartado B, y 105, fracción II, de la Constitución Federal.


Vulnerar esos derechos, es dar un salto atrás. Es retroceder jurídica y socialmente.
Por eso, invito a reflexionar, en principio, que como consecuencia de la reforma se modificarían los artículos 43 y 69 de la constitución de los Estados Unidos Mexicanos, para impedir que las hijas e hijos, madre, padre, primas, primos tías y tíos, puedan competir en las elecciones correspondientes, y de sobra es conocido que con ello, se violarían los derechos humanos (más allá de los propios derechos fundamentales) de los parientes que –sólo- por encontrarse en esa circunstancia, tendrían nugatorio su derecho de “ser votado”, como lo señala el diverso artículo 35 de la carta magna.

En síntesis: el hecho de que un partido del gobernador o alcalde en funciones postule a una persona con la que está emparentado por consaguinidad o afinidad en primer grado, no corresponde a una actitud indispensable para ejercer el cargo de este tipo, toda vez que no es un atributo intrínseco de la persona, ni tampoco puede estimarse vinculado directamente al estatus del cargo de elección popular. Por eso, parece ser norma discriminatoria y no encaja en la categoría de calidades requeridas por la Constitución, para restringir el derecho a ser votado.

Además, en su justificación, el morenista Christophe Gómez señaló que la reforma a la constitución del estado, pretende “que no se hereden los cargos a los hijos, hermanas o hermanos del gobernador o alcalde”, pudiendo advertir la falta de técnica jurídica del representante popular, porque el cargo de elección, el mandato, se alcanza con el voto en las urnas y no con la designación, es decir, para acceder al cargo es necesario alcanzar la mayoría de sufragios que reconoce la Ley.
Sería discriminatorio soslayar el derecho político que tienen las personas de competir por el puesto de elección popular, sólo por la circunstancia de su parentesco, lo que orillaría a tomar criterios absurdos, eventualmente como impedir que se “herede a los amigos por el sólo hecho de tener amistad con el gobernador o alcalde”.


En un solo acto se violaría Constitución y Tratados internacionales.
Si lo que se pretende es que no haya ventajas o que no haya corrupción, serían otros los requisitos que deben implementarse, otras las condiciones legales en que deban encontrarse los aspirantes para que su partido político los seleccione.


No basta que el candidato no sea hijo o hija, hermana o hermano o incluso padre del funcionario, porque cuando hay corrupción el presidente municipal o gobernador en turno tiene el poder –incluso para infringir la ley- y luego, si persiste, está la impunidad, para permitir entrega de despensas, entrega de recursos en especie o en efectivo, a fin de perfilar o insinuar, coaccionar o señalar al pueblo directamente (o por señales) a la o al que habrá de sucederle.


Coinciden con el criterio de quien escribe, al exponer la tesis jurisprudencial relacionada con lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Federal, a saber: En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 17 Tesis aislada P. XII/2011 emitida por el Pleno, de rubro y texto: “CONFLICTOS QUE INVOLUCRAN DERECHOS FUNDAMENTALES. SU RESOLUCIÓN JURÍDICA.


Por último, destaco, que la reforma, acota a quienes están en los supuestos del articulo 224 y 225 del código civil de la entidad, es decir, a los parientes por consanguinidad –ascendentes y descendentes directamente y a los que son por afinidad, es decir, a los consanguíneos del cónyuge o la cónyuge, quedando fuera de estos supuestos el marido o la esposa por no están en ninguna de las dos hipótesis legales quien sí podría ser candidata aunque eventualmente, se llegara a concretar la reforma .

Neftalí Celis Toral